El TC ha declarado la vulneración de la integridad moral de un funcionario al que no le asignaban tareas de forma intencionada durante casi un año y medio cuando se incorporó a un nuevo puesto. Tras una larga batalla judicial, el TC afirma en la sentencia que el funcionario merece “la protección constitucional debida frente a un trato degradante y/o lesivo de su integridad moral” por haber sido marginado laboralmente durante un largo periodo de tiempo sin que la Administración hiciera nada para remediarlo”. Además, valora especialmente la “intencionalidad, menoscabo y vejación, así como también la larga duración de la postergación laboral y la ausencia de motivo legítimo”.